La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió la querella criminal interpuesta por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en contra del expresidente Evo Morales Ayma, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar.
La imputación los señala de ser los autores intelectuales y organizadores de los bloqueos que afectaron al país por casi dos meses, abriendo una causa bajo cargos complejos que incluyen terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado.
La demanda fue fundamentada por el presidente del Comité cívico cruceño, Stello Cochamanidis, quien ratificó que el asedio logístico aplicado entre mayo y junio no puede quedar en la impunidad debido al saldo fatal y al descalabro financiero infligido a las cadenas productivas.
“Lo que ocurrió en el país desde el primero de mayo hasta junio tiene que tener responsables penales con nombre y apellido”, sentenció el líder cívico.
La querella admitida por los fiscales de materia identifica la presunta comisión de un total de nueve delitos tipificados en el Código Penal, entre los que sobresalen, por su severidad punitiva, los de alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo, lo que faculta al Ministerio Público a emitir requerimientos fiscales urgentes y activar el control jurisdiccional.
De acuerdo a los denunciantes, las medidas de presión rebasaron el derecho a la protesta social y se transformaron en un sabotaje violento de alcance nacional. Además de las millonarias pérdidas materiales en el aparato agroindustrial del oriente, la acusación responsabiliza de forma directa a Morales, Argollo y Salazar por el fallecimiento de más de 10 ciudadanos en distintas rutas troncales.
Estas víctimas fatales perecieron al interior de ambulancias, buses y vehículos particulares debido a la intransigencia de los bloqueadores que impidieron de forma sistemática el paso de oxígeno médico, insumos sanitarios y atención de emergencia oportuna.
Para Evo Morales, este caso se acumula a su historial judicial, tomando en cuenta que el exmandatario permanece atrincherado y bajo resguardo de sus bases sindicales en el Trópico de Cochabamba con el fin específico de eludir una orden de aprehensión previa emitida por el caso de trata y tráfico de personas.
