Gobierno advierte que quienes pacten con el narcotráfico asumirán consecuencias ante la justicia

El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció anoche que existe un «plan macabro» financiado por el narcotráfico para derrocar al gobierno democrático de Rodrigo Paz. Gálvez acusó directamente a un grupo de «dirigentes corruptos» de utilizar herramientas del terrorismo y métodos violentos para forzar una ruptura constitucional.

Según el funcionario, el objetivo de estas movilizaciones, impulsadas principalmente desde el Chapare, no es atender demandas sociales, sino permitir que poderes vinculados al tráfico de sustancias controladas tomen el control del país por la fuerza.

Gálvez hizo público un supuesto pacto entre el líder de la COB, Mario Argollo, el dirigente campesino Vicente Salazar y el senador Nilton Condori, cuyo fin sería bloquear cualquier salida negociada al conflicto.

“Pactaron para no dialogar, para no solucionar los problemas de los que dicen representar”, cuestionó el vocero, señalando que estos actores son funcionales a los intereses de Evo Morales.

La autoridad instó a los trabajadores de base a preguntar a sus líderes por el origen de los recursos para pagar buses, comida, dinamitas y viáticos diarios: “¿De dónde han recibido esos millones? Es tiempo de que rindan cuentas al pueblo”, sentenció.

Asimismo, el vocero enfatizó que mil personas movilizadas desde el Trópico de Cochabamba no pueden decidir el destino de millones de bolivianos que votaron hace apenas seis meses. Advirtió que el Gobierno ejercerá todas sus prerrogativas constitucionales para garantizar que Bolivia no viva «secuestrada» por políticos en alianza con el narcotráfico.

Gálvez cerró su intervención reafirmando que la gestión de Rodrigo Paz es la garantía de la democracia y convocó a la ciudadanía a manifestar su repudio a los sectores que buscan retornar al modelo político de los últimos años bajo el grito de «no volverán».