El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que el Órgano Ejecutivo ha fijado un plazo de 72 horas para que la Asamblea Legislativa trate y apruebe el proyecto de ley que regula el Estado de Excepción.
La conminatoria oficial busca forzar una respuesta rápida del primer poder del Estado en medio de una crisis político-social que mantiene estranguladas las principales redes viales de varias regiones del país. Paredes justificó la premura de la iniciativa señalando que la norma responde a una necesidad urgente e impostergable de restablecer las condiciones básicas de vida para la población civil afectada.
“Esto se está poniendo en un sentido de acción humanitaria, es decir, para devolver salud, producción, comercialización, circulación. Porque no nos olvidemos que la Constitución, al mismo tiempo que establece el derecho a la protesta, también establece el derecho a la circulación, que eso es vida”, afirmó el Viceministro de Régimen Interior.
La autoridad remarcó que el enfoque del proyecto de ley enviado por el gabinete del presidente Rodrigo Paz no persigue fines represivos, sino que se plantea bajo una estricta lógica de auxilio civil para atender un escenario logístico y económico que calificó como totalmente insostenible, afectando de manera dramática y directa a las familias de las ciudades de La Paz y El Alto.
Asímismo, Paredes puntualizó que, si bien el marco normativo otorga formalmente un límite de 72 horas para la deliberación y sanción de la ley, el Palacio Quemado guarda la certeza de que las distintas bancadas legislativas actuarán con una celeridad sustancialmente mayor, dada la gravedad y el peligro de colapso que reviste el contexto actual.
“La Asamblea tiene un plazo de 72 horas. Pero estamos seguros que esto va a ser mucho más rápido, dada la urgencia de estas acciones”, enfatizó la autoridad.
