El Gobierno nacional denegó la admisión y permanencia en el territorio nacional de una delegación política de la República Argentina. Este lunes, la comitiva integrada por militantes y activistas de plataformas de extrema izquierda fue interceptada y retenida por la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de El Alto tras haber desembarcado inicialmente en Viru Viru (Santa Cruz).
El grupo pretendía ingresar al país bajo el argumento de conformar una «misión de verificación de derechos humanos», iniciativa civil que fue vetada por el Ministerio de Gobierno al constatar violaciones normativas a las leyes migratorias vigentes.
Los activistas extranjeros relataron que, tras superar los controles iniciales en la terminal cruceña de Viru Viru, abordaron una conexión aérea hacia la sede de Gobierno, punto donde las brigadas policiales y de control migratorio procedieron a su inmovilización oficial.
Tras notificárseles la denegación de su visado de ingreso, los súbditos argentinos fueron embarcados de retorno por vía aérea hacia el departamento de Santa Cruz, lugar donde la delegación denunció haber sido confinada dentro de la aeronave comercial con el propósito de acelerar los protocolos técnicos de deportación forzosa con rumbo definitivo a la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las resoluciones administrativas emitidas en las ventanillas aeroportuarias, las autoridades bolivianas fundamentaron la inadmisión legal debido a que los viajeros no presentaron la documentación obligatoria exigida a cualquier ciudadano extranjero. Si bien la delegación argentina negó haber pretendido ingresar bajo la figura de «turistas», reclamando un estatus político de observadores humanitarios, la normativa interna de Bolivia exige la tramitación previa de visados específicos para misiones oficiales internacionales, requisito que fue eludido por los activistas.
Mediante un comunicado de prensa de carácter oficial, el Ministerio de Gobierno, bajo la conducción de Marco Antonio Oviedo, precisó que «se verificó el incumplimiento flagrante de los requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias de fondo entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades de agitación política anunciadas públicamente por la delegación en sus plataformas web».
