Gobierno investiga financiamiento a actos subversivos y advierte firmeza ante llegada de la marcha

El Gobierno nacional, a través del vocero oficial de la Presidencia, José Luis Gálvez, confirmó que las autoridades competentes llevan adelante una investigación exhaustiva para identificar la procedencia del financiamiento de los recientes actos calificados como «subversivos».

Además, Gálvez pidió paciencia a la población, asegurando que los detalles sobre el origen y los mecanismos de flujo de dinero se darán a conocer una vez que las pesquisas concluyan. Esta advertencia surge a pocos días de que la marcha impulsada por sectores afines al evismo llegue a la ciudad de La Paz, movimiento que el Ejecutivo ha vinculado con intereses políticos de ruptura constitucional y presuntos nexos con el narcotráfico.

Gálvez fue enfático al diferenciar las movilizaciones con demandas legítimas de aquellas que tienen un fin «netamente político» de derrocar al presidente Rodrigo Paz.

“Todo el que quiera romper el orden democrático se va a encontrar contra la ley”, sentenció el vocero, aclarando que no existen condiciones para dialogar con quienes se niegan sistemáticamente a conversar y apuestan por la confrontación.

La autoridad insistió en que el Gobierno nacional mantiene abiertos los canales de concertación con los sectores sociales genuinos, pero advirtió que la firmeza será la regla ante cualquier intento de forzar la caída de un mandatario elegido por el voto popular hace apenas seis meses.

La investigación en curso se suma a las denuncias previas del Ejecutivo sobre un presunto intento de desestabilización promovido por sectores vinculados a actividades ilícitas. Según el Gobierno, los bloqueos y marchas que asfixian la logística del país no son espontáneos, sino que responden a una estructura de financiamiento «oscuro» que busca «romper la democracia».

En ese marco, el Vocero Presidencial ratificó que el Estado protegerá la institucionalidad boliviana y que los resultados de las investigaciones financieras serán la base para procesar penalmente a los responsables de la convulsión social.