En una evaluación de la conflictividad que atraviesa el país, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, minimizó el alcance de las medidas de presión que asfixian principalmente a la sede de Gobierno. Además, aseguró que los grupos activos en bloqueos y marchas no superan las 30.000 personas, lo que representaría apenas el 0,25% de la población boliviana.
Según la autoridad, este reducido porcentaje está imponiendo un costo desproporcionado a millones de ciudadanos que se ven impedidos de trabajar y abastecerse. Asimismo, ratificó que el mandato de Rodrigo Paz es legítimo y que el Ejecutivo no cederá ante posturas «sediciosas» que exigen la renuncia del presidente.
Durante una entrevista con la red ERBOL, Lupo acusó a grupos desestabilizadores de instrumentalizar demandas sectoriales para atacar la institucionalidad democrática.
Respecto al pliego petitorio de los maestros rurales, calificó como un “absurdo” la exigencia de un incremento salarial del 30%, defendiendo la política de austeridad del Ejecutivo frente a la crisis heredada. De igual forma, enfatizó que, aunque el diálogo permanece abierto para demandas legítimas, no se negociará con quienes buscan el derrocamiento de un gobierno electo hace seis meses.
Por otra parte, ante la creciente presión de sectores urbanos que solicitan mano dura, Lupo informó que el gabinete aún no ha evaluado la declaratoria de un estado de excepción. En cambio, aseguró que la estrategia oficialista continúa apostando por la serenidad y por evitar caer en «provocaciones» que busquen generar escenarios de violencia mayor.
No obstante, la autoridad advirtió que el costo económico y social de los bloqueos de mineros, maestros y la marcha evista está siendo documentado, reafirmando que el pueblo votó por la actual administración para resolver la crisis y no para capitular ante cercos minoritarios.
