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Gobierno rechaza informe de World Justice Project que pone a Bolivia como el país más corrupto de la región

El World Justice Project se describe a sí mismo como “una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de derecho en todo el mundo”, cita recogida de su sitio web.

La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, rechazó el informe del Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project (WJP), que pone a Bolivia como el segundo país más corrupto en el mundo y el primero en la región, y cuestionó su metodología, «como su uso con fines políticos».

“Es necesario lamentar que muchos de los informes que llegan en la materia de lucha contra la corrupción tengan que ser tergiversados políticamente. Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe, considerando que proviene de una ONG”, afirmó en conferencia de prensa.

De acuerdo al indicador «Ausencia de corrupción“, Bolivia se posiciona en el puesto 141 de los 142 países evaluados, solo por encima de la República Democrática del Congo. «El país sudamericano obtuvo 0,23 puntos en este factor, lo que representa una caída de cuatro posiciones respecto al anterior informe del WJP».

No obstante, Saravia aseguró que el informe genera muchas dudas, «porque se desconoce los criterios técnicos y metodológicos» con los que se trabaja este índice del WJP, que es definido como es una herramienta que mide indicadores como la ausencia de corrupción, justicia civil y penal.

Según la autoridad, a diferencia del informe, Bolivia fue evaluada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de una revisión técnica sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, que estableció resultados positivos que respaldan las acciones del Gobierno en esta materia.

“Bolivia cumple con criterios regulatorios, es decir, con una normativa sobre el marco estratégica de un 67% (…) por ejemplo, sobre el conflicto de intereses, Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias y ha implementado el 78% en la práctica”, sostuvo.

Asimismo, mencionó la existencia del Sistema de Transparencia y Control Social (SITPRECO), una plataforma que permitiría a la ciudadanía presentar denuncias por corrupción.

“Queremos señalar que tenemos un compromiso, pero además un mandato de no permitir la corrupción en el Estado. Lo que nosotros siempre vamos a hacer es generar la legalidad respectiva en todos los procesos que estén a cargo del Viceministerio”, concluyó.