En febrero de 2003, tras la masacre por el pretendido impuesto a los salarios que se saldó con 34 muertos, en medio de un proceso de acumulación contra el neoliberalismo, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada descartó de cuajo toda posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para resolver el fondo la crisis política de ese entonces y que paradójicamente se mantiene irresuelta hasta nuestros días.
El enfrentamiento armado entre militares y policías, con muertos y heridos de por medio, unos defendiendo al gobierno legalmente establecido y otros poniéndose del lado de quienes iban a ser afectados por el nuevo tributo, puso al país entre la cruz y la espada; entre la visión desgastada del libre mercado y una nueva de corte estatista; entre la expropiación de la voluntad popular por élites políticas y el surgimiento de un nuevo sujeto histórico con hambre de poder.
La polarización política y social se apoderó del país y no ha podido ser superada hasta hoy. Tiene raíces más profundas, en el nacimiento mismo de Bolivia como república independiente, pero entre el final del siglo XX y lo que llevamos del actual, la polarización ha llegado a la médula de la sociedad dividiendo incluso familias y clases sociales. Fue etiquetada de varias formas, entre ellas “las dos Bolivias” o el “empate catastrófico”.
La encrucijada ha vuelto a instalarse frente a los bolivianos en los conflictos políticos y sociales de estas semanas. Lo hizo con los elementos de la crisis política puestos al revés. Ahora, la acumulación social y regional es contra el modelo estatista que ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales, contra el populismo autoritario que puso al Estado al servicio de estructuras mafiosas como el tráfico de drogas, de minerales, de hidrocarburos, de seres humanos y de todo lo que ha supuesto ganancias millonarias para las bandas criminales y las nuevas élites políticas.
A pesar del masismo, las y los bolivianos intentamos resolver la dicotomía con las elecciones generales en primera y segunda vuelta, en marzo y octubre del año pasado. No hubo necesidad de confrontaciones armadas. Se eligió a un gobierno de centroderecha incluso con votos de la izquierda populista. Rodrigo Paz planteó un nuevo ciclo político y económico, pero no logra abrirlo por ineptitudes políticas de la nueva administración y porque enfrenta el acecho de quienes están convencidos de que es hora de volver al poder.
Seguramente en la campaña electoral le dijeron que era la mejor opción para la transición democrática y que lo apoyarían sin condiciones desde el campo popular. Fue un ardid. Ahora pretenden acorralarlo. Primero con el escándalo de la “gasolina basura” y los daños en miles de motores.
Segundo, con un plan golpista que ha cabalgado sobre reivindicaciones salariales y sectoriales, y luego mostró su rostro tenebroso con la violencia sin límites, el lunes 18 de mayo.
Al frente, lamentablemente, la indefinición política del Gobierno. Se observan señales ambiguas, falta de respuesta contundente ante la arremetida antidemocrática y hasta un exceso de diálogo que ha cedido tanto ante los sectores que le plantearon demandas al Gobierno que seguramente le resultará más costoso en términos de imagen y de presupuesto que haberse puesto firme desde el inicio de los conflictos.
En el Encuentro Nacional realizado el sábado 9 de mayo, en Cochabamba, se abrió un resquicio para resolver la mantenida polarización, esta vez azuzada por grupos de interés criminal que buscan profundizarla. El presidente Paz anunció la conformación de una comisión especial para la reforma de la Constitución, un elemento central si se quiere dar paso a un nuevo ciclo político, económico y social en el país, una iniciativa que debería abarcar a los principales actores de la política boliviana, no solo a los que consiguieron representación en los tres niveles del Estado, sino a quienes intentan gobernar desde las calles y los caminos.
Hay intelectuales, como Germán Gutiérrez Gantier, quien va más allá y en su última columna de opinión en Datápolis ha propuesto la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sea cual fuere el mecanismo, hay que generar un escenario democrático institucional para debatir argumentos, confrontar visiones, concertar y esforzarse en un nuevo texto constitucional que exprese a la Bolivia del posmasismo.
Por supuesto que hay que resolver las urgencias de la coyuntura caracterizada por el plan golpista del evismo, pero deberían consider que la ventana de oportunidad abierta en el Encuentro Nacional puede ser aprovechada para encauzar incluso las energías antidemocráticas en un proceso de reforma constitucional que encare la bicentenaria polarización.
Morales y sus grupos afines se han dado cuenta de lo gravitante que puede ser ese proceso y rechazaron frontalmente cualquier reforma a la Constitución. Afirmó que modificar la Carta Magna abriría la puerta a la privatización de los recursos naturales y atentaría contra los derechos económicos de los últimos lustros.
Quien propugnó la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 2003, hoy advierte con sabotear poniendo condiciones. Primero, que Paz se comprometa a no modificar la Constitución. Segundo, que se comprometa a no privatizar la luz, agua, los servicios básicos y los recursos naturales. Tercero, que cumpla sus promesas electorales de austeridad.
Hace 23 años, si Goni se abría a la convocatoria de una Asamblea de la Constituyente, tal vez hubiese terminado su mandato —se cayó en octubre de 2003 pese a una coalición de partidos— y el presente sería distinto en términos de entendimiento entre diversos. Hoy Morales es quien se cierra, lo que demuestra que la reforma constitucional puede ser la manera de proyectar un nuevo rumbo para el país, superando el proyecto estatal fracasado del MAS y tomando en cuenta a todos los actores políticos.
Edwin Cacho Herrera Salinas
es periodista y analista.
