El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles que asumirá la indemnización de 105 millones de dólares a favor del banco español BBVA. El Procurador General, Hugo León, y el viceministro de Pensiones, José Valencia, coincidieron en que se trata de un perjuicio económico heredado de la «caótica» nacionalización de la AFP Previsión iniciada bajo la gestión de Evo Morales.
Ante la gravedad del monto, la Procuraduría General del Estado ha activado auditorías especiales para evaluar si la estrategia de defensa adoptada entre 2017 y 2024 fue la correcta, con el objetivo de identificar a los responsables y activar acciones legales de repetición para recuperar los recursos públicos.
El conflicto, que escaló al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se basó en denuncias de BBVA sobre inseguridad jurídica y una campaña de hostigamiento estatal durante la transición a la Gestora Pública. Según el subprocurador Roger Longaric, el Estado agotó las instancias judiciales internacionales en 2024 y abril de 2026 con escasas probabilidades de éxito, consolidando ahora una obligación ineludible.
«Tengan la certeza de que el Gobierno iniciará las acciones correspondientes para recuperar el daño económico causado por quienes no condujeron adecuadamente este proceso», advirtió Longaric.
En tanto, para calmar la incertidumbre ciudadana, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aseguró que el pago de la indemnización no compromete los ahorros de los trabajadores ni el pago de las jubilaciones. «Los fondos de los trabajadores están seguros; nuestra misión es garantizar la continuidad de las prestaciones independientemente de este laudo arbitral que debe ser cubierto con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN)», puntualizó Fernández.
