Los alcaldes de las ciudades más importantes de Bolivia han unido fuerzas para solicitar una reunión inmediata con el presidente Rodrigo Paz. A través de una misiva oficial, los burgomaestres de La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y El Alto buscan discutir el alcance del Decreto Supremo 5503 y plantear medidas paliativas ante el inminente encarecimiento del costo de vida.
La iniciativa, liderada por Iván Arias (La Paz), Jhonny Fernández (Santa Cruz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y Eva Copa (El Alto), refleja la preocupación de los gobiernos locales, que son los primeros en enfrentar las presiones sociales derivadas de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
“Una medida dolorosa pero necesaria”
El alcalde paceño, Iván Arias, calificó la decisión presidencial como un «mazazo» a la economía popular, aunque reconoció que es el resultado de años de políticas fiscales insostenibles.
“Lamentamos esta medida dolorosa para la población, que es consecuencia de una realidad económica ficticia que se mantuvo durante 20 años y que no hizo más que dañar al pueblo boliviano. Sin embargo, este peso no puede ser cargado únicamente al 70% de la población”, afirmó Arias.
Por su parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, mantuvo una postura pragmática al asegurar que los ajustes eran «inevitables», pero criticó la falta de una hoja de ruta concertada con las regiones. “La planificación debe ser siempre el eje central; debieron aplicarse con mayor orden”, enfatizó.
Freno al transporte y defensa del vecino
Desde Santa Cruz, Jhonny Fernández instó a la ciudadanía a no pagar tarifas de transporte incrementadas de manera arbitraria. En las últimas horas, sindicatos de choferes en el eje central han anunciado intentos de elevar los pasajes hasta en un 100%, una medida que los alcaldes consideran desproporcionada.
“No vamos a asumir errores que no hemos provocado”, advirtió la alcaldesa Eva Copa, quien se sumó al pedido de que cualquier ajuste sea paulatino y enfocado en no afectar el «bolsillo del más humilde».
La solicitud de audiencia ocurre en un contexto de máxima tensión, con el sector transporte en estado de emergencia y la Asociación de Surtidores (Asosur) anunciando un paro indefinido, lo que pone a prueba la capacidad de gestión del presidente Paz en su primera gran crisis de gabinete.
