La Asociación de Surtidores (Asosur) manifestó su profunda susceptibilidad ante el anuncio de inspecciones y posibles precintados de estaciones de servicio. La gerente de la institución, Carla Zuleta, exigió a YPFB la entrega de una «muestra testigo» de cada lote de combustible despachado, argumentando que las estaciones solo distribuyen lo que el Estado les entrega y carecen de mecanismos para garantizar la pureza del producto antes de su venta al público.
El sector se declaró en estado de indefensión tras el acuerdo que permite a comisiones de choferes y ministros fiscalizar la gasolina en los surtidores.
“Demandamos que se brinde seguridad jurídica y se nos entregue una muestra testigo donde podamos contrastar el producto ante cualquier denuncia”, señaló Zuleta, según reportó la agencia ERBOL.
Asosur denunció que actualmente el único laboratorio capaz de realizar estos análisis pertenece a YPFB Refinación en Santa Cruz, lo que vicia de parcialidad cualquier proceso sancionatorio contra los privados.
Además de las muestras físicas, el gremio solicitó la presencia de veedores permanentes en todas las plantas de almacenamiento de la estatal petrolera para supervisar el procedimiento de despacho. Zuleta alertó que cualquier cierre o precintado de estaciones basado en hallazgos de «gasolina desestabilizada» sería un atentado contra la propiedad privada y la estabilidad del suministro, advirtiendo que, de no garantizarse la trazabilidad del combustible, los surtidores podrían verse impedidos de continuar con la distribución por temor a represalias legales.
Se espera que el Ministerio de Hidrocarburos convoque a una reunión técnica con Asosur este fin de semana para definir el protocolo de las «muestras testigo». De no alcanzarse un consenso, el plan de fiscalización acordado con los choferes podría derivar en una ola de cierres de surtidores.
