El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, respondió a las duras críticas y al pedido de dimisión planteado por la iglesia evangélica. La autoridad defensorial desestimó las acusaciones de presunta parcialidad y defendió el rol de monitoreo civil desempeñado por sus delegaciones durante las siete semanas de bloqueos.
La controversia fue activada por el presidente de la Iglesia Evangélica de Bolivia, Luis Aruquipa, quien cuestionó con dureza las acciones humanitarias de la Defensoría y censuró de igual forma las posturas del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, sugiriendo que ambos altos funcionarios deberían dar un paso al costado.
«¿Ellos han venido a defender los derechos de quién?, los derechos de los bloqueadores. El vicepresidente les ha llevado comida a los bloqueadores cuando la gente de a pie no tenía alimento; estaban bien tratados y con buenos abogados, mientras nuestra población civil no tenía asistencia. ¿Han puesto abogados a aquellos que han perdido un ser querido? Aquellos que han tenido que cargar el ataúd de su familiar a pie hasta el cementerio porque no les permitieron pasar el bloqueo, ¿han tenido justicia? Hoy todos buscamos justicia», interpeló el líder religioso.
Frente a estos cuestionamientos, Callisaya compareció ante los medios para delimitar el alcance jurídico de su investidura y recordar que las tareas de auxilio, orden público y sanción legal penal corresponden estrictamente al aparato gubernamental. “Nosotros tenemos un mandato constitucional que, textualmente, establece que debemos velar y vigilar para que los derechos humanos se realicen.
Sin embargo, la responsabilidad material de garantizar de forma efectiva esos derechos recae en las diferentes instancias del gobierno central, departamental y municipal. No puede haber una transferencia de esa responsabilidad a instituciones como la nuestra”, argumentó Callisaya rechazando que se pretenda responsabilizar a su despacho por los excesos cometidos en los bloqueos.
