La crisis social y política en Bolivia sumó este lunes un nuevo giro judicial luego de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmara la emisión de una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de las investigaciones por las movilizaciones, bloqueos y protestas que desde hace más de dos semanas afectan principalmente a La Paz y El Alto.
Según informó la máxima autoridad del Ministerio Público, Argollo es investigado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, en base a informes policiales, de inteligencia y material audiovisual que formarían parte de la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.
La resolución de aprehensión, emitida el 17 de mayo, ya fue remitida al Comando General de la Policía Boliviana, instancia encargada de ejecutar el mandamiento y poner al dirigente a disposición de la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, los informes incluyen imágenes, videos y reportes de inteligencia que vincularían al principal dirigente cobista con hechos registrados durante las protestas desarrolladas en La Paz y El Alto, donde sectores movilizados radicalizaron sus medidas de presión tras semanas de conflicto.
Argollo lideró inicialmente protestas vinculadas a demandas laborales, entre ellas un incremento salarial del 20%; sin embargo, con el paso de los días, la COB consolidó alianzas con sectores campesinos y otras organizaciones, endureciendo su posición hasta exigir como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden judicial se conoce en una jornada particularmente sensible, marcada por el arribo de la marcha evista a La Paz, la movilización de ponchos rojos y nuevas protestas en inmediaciones del kilómetro cero, configurando uno de los escenarios de mayor tensión desde el inicio de la crisis.
Desde el Ministerio Público se aseguró que el proceso busca resguardar el orden público, garantizar la libre circulación y establecer responsabilidades individuales en hechos que, según la investigación, podrían haber escalado más allá del derecho constitucional a la protesta.
(18-05-2026)
