La Cámara de Diputados determinó la mañana de este viernes devolver a la Comisión de Región Amazónica y Tierra el informe del proyecto de ley que busca abrogar la Ley 1720. La decisión, aprobada por mayoría de votos, responde a la necesidad de corregir una serie de observaciones y errores técnicos que impedían su tratamiento legal inmediato.
La presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Daniela Cabrera, instruyó a la comisión trabajar por «tiempo y materia» con apoyo técnico para presentar un nuevo documento sin vicios de nulidad esta misma tarde, bajo la premisa de que el reglamento impide tratar leyes sin informes de comisión debidamente aprobados.
La sesión legislativa se instaló minutos antes de las 10.00 y entró en un cuarto intermedio a las 11.40, para otorgar tiempo a la comisión para subsanar las deficiencias del informe. Cabrera enfatizó que, pese a la voluntad política de resolver el conflicto, no se puede avanzar sin un sustento técnico sólido.
«No podemos tratar el proyecto de ley si no tiene un informe que no tenga ningún vicio de nulidad», remarcó la autoridad, quien aseguró que el tema será retomado a partir de las 15:00.
Además, se planteó la creación de una comisión multipartidaria de diálogo para buscar un acercamiento directo con los sectores que mantienen medidas de presión en diversos puntos del país.
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, ha generado una fuerte resistencia al autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana. Los detractores de la norma manifiestan susceptibilidades sobre la seguridad jurídica de la tierra y el posible favorecimiento a grandes extensiones.
La presión social es liderada por una marcha de indígenas y campesinos de Pando y Beni que, tras 27 días de caminata, arribó a La Paz el pasado lunes y mantiene una vigilia constante en el centro de la ciudad demandando la anulación definitiva de la ley.
