El Ministerio Público determinó abrir una investigación penal formal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por presuntas irregularidades en el cobro de una pensión por invalidez laboral. La denuncia, interpuesta por el diputado Manolo Rojas, señala que Argollo se habría beneficiado de este pago estatal a pesar de encontrarse en óptimas condiciones de salud.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que el caso fue admitido tras un análisis técnico y adelantó que se iniciarán las diligencias correspondientes para esclarecer el trámite de una renta que, según la acusación, se gestionó en tiempo récord durante el año 2021.
Los detalles presentados por el diputado Rojas indican que Mario Argollo habría cobrado un cheque por un monto superior a los 141.000 bolivianos bajo el concepto de retroactivos y pensión de invalidez.
La parte denunciante cuestiona no solo la celeridad del proceso administrativo, sino la contradicción física del dirigente, quien actualmente ejerce una intensa actividad pública y lidera movilizaciones de calle. Ante estos elementos, el fiscal Torrez anunció que se emitirán citaciones para que el ejecutivo de la COB preste su declaración informativa ante las autoridades jurisdiccionales.
Esta nueva investigación se suma al clima de presión judicial sobre la dirigencia sindical que encabeza las protestas contra la administración de Rodrigo Paz. Argollo es actualmente una de las figuras visibles en las movilizaciones que exigen la renuncia del Jefe de Estado. La apertura del proceso busca determinar si existió falsedad material o ideológica en los certificados médicos y administrativos que avalaron la supuesta incapacidad laboral del dirigente, en un momento donde la transparencia en los fondos públicos se ha vuelto un tema central del debate político nacional.
La investigación contra Argollo ocurre en menos de 24 horas de conocerse que la justicia revocó la detención domiciliaria de Juan Carlos Huarachi, ordenando su retorno a prisión por presunto enriquecimiento ilícito. El cerco judicial sobre la cúpula de la COB coincide con el incremento de la conflictividad social y las denuncias del Gobierno sobre el uso de recursos ilícitos para financiar los bloqueos de caminos. Mientras Argollo lidera los cercos exigiendo la salida del presidente Paz, el Ministerio Público acelera las auditorías sobre las pensiones otorgadas a dirigentes sindicales, en un escenario de asfixia económica donde cada centavo del erario público está bajo estricto escrutinio ciudadano.
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