El Gobierno de Rodrigo Paz presentó este jueves un nuevo sistema de auditoría y seguimiento para las 67 empresas públicas del país. A través de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de las Empresas Públicas (OFEP), se confirmó que al menos 15 de estas entidades se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas por Bs 2.655 millones.
El director de la entidad, Pablo Camacho, calificó la situación como crítica, señalando que en las últimas dos décadas se inyectaron más de Bs 73 mil millones en créditos que no lograron generar valor económico sostenible, recursos que, según la autoridad, debieron destinarse a sectores estratégicos como salud y educación.
El informe de la OFEP destaca que la mayoría de las firmas estatales operan bajo una «dependencia de deuda» crónica y pérdidas permanentes.
Las 15 empresas identificadas en estado de quiebra técnica presentan un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones, lo que significa que sus deudas superan largamente el valor de sus activos. Camacho enfatizó que este diagnóstico es el primer paso para la aplicación del PGE Reformulado 2026, el cual otorga un plazo de 90 días para decidir el cierre o liquidación de aquellas unidades de negocio que resulten inviables para el erario nacional.
El nuevo sistema de auditoría permitiría un control en tiempo real del desempeño operativo y financiero de las estatales, buscando frenar la sangre de recursos públicos.
«Estamos ante el resultado de 20 años de una política de industrialización sin mercado ni eficiencia», afirmó Camacho, señalando que muchas de estas plantas ni siquiera logran arrancar su producción a pesar de los millonarios préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) y otros fondos estatales.
El objetivo final es ordenar el sector y asegurar que solo las empresas estratégicas y rentables permanezcan bajo control del Estado.
