En un fallo que representa un duro golpe para el país, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó que Bolivia debe indemnizar al banco español BBVA con 105 millones de dólares. La decisión judicial pone fin a una disputa internacional iniciada en 2018, derivada de la accidentada nacionalización del sistema de pensiones en 2010.
Para el tribunal europeo, el proceso de transición hacia la Gestora Pública fue desordenado y vulneró la seguridad jurídica de la entidad privada.
La controversia legal se remonta a la decisión del gobierno de Evo Morales de asumir el control de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Aunque el Estado defendió su soberanía para recuperar el sistema, el BBVA denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un trato arbitrario y demoras injustificadas en el traspaso de datos informáticos que afectaron sus operaciones. En 2022, el CIADI falló a favor del banco, y tras varios intentos fallidos de anulación por parte de la defensa boliviana, la justicia neerlandesa ha consolidado hoy el monto de la indemnización, que asciende a $us 105 millones sumando intereses.
Para el nuevo Ejecutivo, este fallo es una «herencia incómoda» que complica su plan de reordenamiento económico. En un contexto donde el FMI proyecta un decrecimiento del -3,3% y el dólar referencial del BCB ha marcado un récord de Bs 9,63, la obligación de desembolsar tal cantidad de moneda extranjera presiona aún más las debilitadas reservas internacionales.
El caso reabre el debate nacional sobre el costo real de las nacionalizaciones y la falta de pericia jurídica en la defensa del Estado durante las últimas décadas.
